Violencia estructural y ciudadanía sexual en los Andes del Sur: dinámicas estatales y resistencias LGBTIQ+ en Perú y Bolivia. El informe documenta una asimetría central: en ambos países la mayoría de la población no LGBTIQ+ encuestada respalda los derechos de esta comunidad, apoya la educación sexual integral y considera necesario sancionar los discursos de odio, pero son las minorías organizadas que se oponen a estos derechos las que han logrado ocupar el espacio público, condicionar agendas legislativas y empujar retrocesos sobre programas ya consolidados.
Nota de edición: esta versión del informe presenta exclusivamente los datos correspondientes a Perú y Bolivia. Todas las cifras, cruces estadísticos y pruebas de significación fueron recalculados sobre la submuestra binacional, excluyendo los casos de Chile y de otras nacionalidades.
Por qué importa
Ni Perú ni Bolivia reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo ni cuentan con una ley de identidad de género de alcance integral, lo que sitúa a sus poblaciones LGBTIQ+ en un escenario de desprotección normativa estructural. Sobre esa base se ha consolidado un ciclo de retrocesos impulsado por movimientos antiderechos que operan de forma coordinada, transnacional y con respaldo financiero, con iniciativas como Con mis hijos no te metas, cuyo origen y mayor despliegue se sitúa precisamente en Perú.
El estudio muestra que la violencia simbólica de los discursos antigénero se traduce en afectaciones materiales desigualmente distribuidas dentro de la población LGBTIQ+, con las personas trans y no binarias como los grupos más expuestos. Las entrevistas registran además un desplazamiento preocupante: la oposición a los derechos LGBTIQ+ ya no se libra solo en el plano discursivo o religioso, sino mediante hostigamiento directo (allanamientos, plantones frente a sedes de organizaciones, intimidación a activistas y a sus familias) frente al cual la respuesta institucional ha sido, en numerosos casos documentados, la omisión.
Hallazgos clave
- El 84,1% de la muestra no LGBTIQ+ apoya los derechos de las personas LGB, el 80,4% los derechos de las personas trans, el 85,0% la educación sexual integral y el 77,6% algún tipo de sanción a los discursos de odio en redes sociales.
- El 90,2% de la muestra LGBTIQ+ considera que los discursos antigénero han legitimado la violencia hacia esta población, y el 79,6% percibe un aumento de la violencia en los últimos años.
- El 62,0% ha sido víctima de agresiones en espacios públicos al menos alguna vez en el último año, y el 80,0% las ha presenciado como testigo.
- El 54,3% ha sido víctima de violencia digital y el 78,8% la ha presenciado. Las personas trans (64,9%) y no binarias (66,7%) son las más afectadas.
- La alta frecuencia de ansiedad alcanza el 67,6% en personas trans frente al 40,2% en personas cis; el 77,8% de las personas no binarias declara una sensación de desprotección con alta frecuencia.
- El 71,0% ha cambiado su forma de vestir, hablar o expresarse por temor a la violencia o la discriminación, y el 60,4% ha evitado actividades públicas.
- Los entornos religiosos aparecen como el segundo espacio de circulación de discursos antigénero (41%), por encima de los medios de comunicación y los grupos políticos.
- Las entrevistas documentan allanamientos, plantones frente a sedes de organizaciones e impunidad sostenida; en Perú, el registro oficial de personas defensoras ha pasado a operar como un instrumento de exposición en lugar de protección.
Metodología
El estudio adopta un diseño mixto que integra análisis documental con técnicas cuantitativas y cualitativas. Tiene un carácter descriptivo y exploratorio: no busca representatividad estadística nacional ni relaciones causales, sino identificar tendencias, dinámicas y riesgos que orienten el diseño de políticas públicas.
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Encuesta a personas LGBTIQ+ | 245 personas residentes en Perú (n = 114) y Bolivia (n = 131). Perfil joven, urbano y altamente escolarizado; 30,2% se identifica como trans, 15,9% como género no conforme y 6,1% como intersex. Cerca de un tercio se identifica con algún pueblo indígena u originario, con predominio quechua y aymara. |
| Encuesta a personas no LGBTIQ+ | 107 personas de Perú (n = 20) y Bolivia (n = 87), con fuerte concentración en el departamento de La Paz (69,2%). Sus resultados deben leerse principalmente como descriptivos del perfil boliviano urbano de quienes respondieron. |
| Entrevistas en profundidad | 18 entrevistas semiestructuradas a actores del ámbito político (4), académico (5) y de la sociedad civil y el activismo LGBTIQ+ (9), analizadas con ATLAS.ti mediante codificación abierta y axial. |
| Revisión documental | Literatura académica, informes institucionales y documentos de organismos nacionales e internacionales sobre retrocesos democráticos, discursos antiderechos, desinformación digital y marcos normativos comparados. |
| Limitaciones | Muestras no probabilísticas, con sesgo joven, urbano y de alta escolaridad; posible autoselección; tamaños reducidos en algunos subgrupos (por ejemplo, personas intersex, n = 15). Varias asociaciones que eran significativas en la muestra trinacional dejan de serlo en la submuestra binacional, lo que el informe señala explícitamente. |
Ejes temáticos de análisis
La disputa cultural y valórica
Los discursos neoconservadores no solo buscan adhesión: movilizan emociones negativas, apelan a imaginarios heroicos ligados a la familia nuclear y han desplazado su énfasis religioso hacia argumentos jurídicos y democráticos. Sin embargo, la encuesta a población no LGBTIQ+ muestra un respaldo alto y sostenido a los derechos LGBTIQ+. Más de la mitad rechaza afirmaciones del repertorio antiderechos: el 60,7% descarta que la visibilidad afecte los valores tradicionales, el 59,8% niega que el movimiento sea extranjero y el 52,3% rechaza que las personas LGBTIQ+ tengan “más derechos” que otras.
Ese apoyo coexiste con sensibilidades punitivas: el 43,9% expresa acuerdo con políticas de “mano dura”. Las posiciones valóricas se asocian más con la autoidentificación ideológica (asociación estadísticamente significativa) que con la adscripción religiosa (asociación no significativa en esta submuestra).
| Dimensión | Total | Izquierda progresista | Centroizquierda | Centro | Centroderecha / Derecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrimonio igualitario | 61,7% | 93% | 75% | 75% | 53% |
| Educación sexual integral | 74,8% | 93% | 100% | 38% | 69% |
| Derechos trans | 68,2% | 93% | 88% | 62% | 59% |
| Sanción de discursos de odio | 62,6% | 80% | 62% | 62% | 56% |
Subgrupos ideológicos de tamaño reducido (n entre 8 y 32). Cifras descriptivas. Excluye a quienes no declararon adscripción ideológica (36,4% de la muestra).
| Dimensión | Atea | Agnóstica | Católica | Cristiana / Evangélica |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio igualitario | 82% | 65% | 56% | 60% |
| Educación sexual integral | 100% | 82% | 64% | 80% |
| Derechos trans | 55% | 94% | 60% | 73% |
| Sanción de discursos de odio | 64% | 71% | 53% | 80% |
Algunas categorías presentan tamaños muestrales pequeños (atea n = 11; cristiana/evangélica n = 15), por lo que los porcentajes deben leerse con cautela.
Desde la experiencia de la comunidad LGBTIQ+, el 83,3% identifica un aumento de los discursos antigénero en el ámbito político y el 80,0% en los medios de comunicación. El 89,0% estima que estos discursos han limitado la creación de políticas inclusivas, el 90,6% que refuerzan el aislamiento y la soledad, y el 85,7% que inciden negativamente en la percepción que médicos, docentes y otros profesionales tienen de la comunidad.
Discursos de odio y ecosistema digital
La violencia digital es un fenómeno extendido: el 54,3% de la muestra LGBTIQ+ ha sido víctima de acoso, mensajes de odio o amenazas en redes sociales, y el 78,8% ha presenciado este tipo de violencia, con un 53,9% que lo hizo con alta frecuencia. Las personas trans registran un 36,5% de alta recurrencia, más del doble que las personas cis (15,7%), una asociación estadísticamente significativa. El patrón de vulnerabilidad se vincula principalmente con la identidad de género más que con la orientación sexual.
En la muestra no LGBTIQ+, el 58,9% declara escuchar amenazas hacia la población LGBTIQ+. WhatsApp y Facebook son los medios de mayor uso entre quienes las escuchan (78% cada uno), seguidos por YouTube (73%) e Instagram (68%).
| Espacio / fuente | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Redes sociales | 74 | 69% |
| Entornos religiosos | 44 | 41% |
| Medios de comunicación | 34 | 32% |
| Grupos políticos | 28 | 26% |
| Familiares o amigos | 27 | 25% |
| Espacio laboral | 2 | 2% |
| Escuela o universidad | 1 | 1% |
| Otro | 2 | 2% |
Pregunta de respuesta múltiple respondida por el total de la muestra no LGBTIQ+ (n = 107). Los porcentajes se calculan sobre el total de la muestra y no suman 100%.
Impacto en la salud mental y el bienestar
La exposición a mensajes que generan miedo alcanza al 85,3% de la muestra, con un 70,3% de alta exposición en personas trans frente al 45,7% en personas cis. En servicios públicos o privados, el 73,9% ha presenciado discriminación y el 48,2% la ha sufrido directamente; en el ámbito laboral, el 45,3% reporta haber sido víctima al menos algunas veces.
Los efectos en la salud mental muestran brechas consistentes y estadísticamente significativas entre personas trans y cis:
| Indicador (alta frecuencia) | Personas trans | Personas cis | Muestra total |
|---|---|---|---|
| Sensación de desprotección | 73,0% | 55,9% | 61,2% |
| Sentimientos de ansiedad | 67,6% | 40,2% | 50,6% |
| Desmotivación generalizada | 60,8% | 25,2% | 38,0% |
| Cambios negativos en la autoestima | 56,8% | 23,6% | 35,1% |
| Afectación de la participación en reuniones familiares | 51,4% | 29,1% | no informado |
Por identidad de género, las personas no binarias presentan los niveles más altos de desprotección (77,8%) y de cambio conductual frecuente (63,9%, frente al 17,6% en mujeres). Por país, la alta frecuencia de desprotección es significativamente mayor en Perú (70,2%) que en Bolivia (53,4%), lo que el informe vincula con el escenario de retrocesos normativos documentado en Perú.
Participación política y clima democrático
El 58,4% de la muestra LGBTIQ+ declara nunca haber restringido su participación política por temor, mientras que un 35,1% lo ha hecho al menos alguna vez. Las diferencias descriptivas apuntan a una mayor restricción entre personas trans y no binarias, aunque no alcanzan significación estadística en la submuestra binacional.
Las entrevistas describen una crisis de participación en el activismo marcada por cuatro dinámicas: la desilusión con mesas de trabajo que funcionan como “la política como foto” y generan réditos sin consecuencias legislativas; el abandono de los espacios territoriales y un “repliegue progresista” hacia la política institucional y digital, que deja comunidades periféricas expuestas a la penetración de discursos ultraconservadores, en especial evangélicos; una ruptura generacional entre quienes construyeron el movimiento desde el riesgo físico y quienes priorizan el autocuidado y la participación digital; y retrocesos normativos o administrativos, como la clasificación en Perú (2024) de las identidades trans como condiciones de salud mental.
Riesgos para las OSC y las personas defensoras
Los modelos de financiamiento tienden a ser limitantes: imponen agendas, generan competencia entre organizaciones y dejan sin recursos áreas vitales como comunicaciones, administración y seguridad. Las entrevistas documentan una escalada hacia el hostigamiento directo. En Perú, un investigador que indagaba el financiamiento de grupos antiderechos sufrió un allanamiento en su domicilio del que solo se sustrajo su computadora personal. En otro caso, un grupo antiderechos se apostó frente a las oficinas de una organización y, pese a las llamadas a las autoridades y a la policía, ninguna se presentó mientras duró el hostigamiento.
El informe identifica la impunidad como el factor que convierte el hostigamiento en un componente sistemático: cuando el Estado no responde, cuando el registro de personas defensoras expone en lugar de proteger y cuando quienes hostigan no enfrentan consecuencias, la inacción institucional opera como una señal implícita de tolerancia.
Recomendaciones
Para cada eje, el informe formula recomendaciones en tres planos: legislativo, gubernamental y comunicacional. Entre las principales:
Disputa cultural y valórica
- Legislativo: consagrar la educación sexual integral como política de Estado, con asignaciones presupuestarias plurianuales protegidas frente a cambios de gobierno.
- Gubernamental: formar a funcionarias y funcionarios de salud, educación y justicia en perspectiva de género y diversidad, e incorporar contenidos de diversidad e igualdad en los currículos, con enfoque intercultural para contextos rurales e indígenas.
- Comunicaciones: diseñar campañas que posicionen el apoyo mayoritario a los derechos LGBTIQ+ como un hecho verificable, y crear mecanismos permanentes de monitoreo con participación de la sociedad civil y la academia.
Discursos de odio y ecosistema digital
- Legislativo: tipificar y aplicar agravantes por crímenes de odio en los códigos penales de Perú y Bolivia, con protocolos de investigación, y actualizar la regulación sobre la responsabilidad de los medios.
- Gubernamental: crear unidades especializadas en violencia digital, mecanismos de denuncia accesibles con enfoque diferenciado para personas trans, no binarias e intersex, y acuerdos binacionales y regionales con las plataformas.
- Comunicaciones: desarrollar programas de alfabetización mediática y digital orientados a WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.
Salud mental y bienestar
- Legislativo: blindar presupuestaria y normativamente los programas de acompañamiento a la identidad de género, con especial urgencia en Perú, y crear fondos de emergencia para apoyo psicosocial canalizados a través de organizaciones de la sociedad civil.
- Gubernamental: programas de salud mental gratuitos y descentralizados con prioridad explícita para personas trans, no binarias e intersex; capacitación obligatoria del personal de salud; protocolos con mecanismos de sanción; y registro desagregado de motivos de consulta.
- Comunicaciones: campañas institucionales de validación y guías de estilo para el tratamiento informativo, elaboradas junto a colegios de periodistas y medios.
Participación política y clima democrático
- Legislativo: mecanismos vinculantes de participación, fondos para el activismo territorial y medidas de participación de personas LGBTIQ+ en cargos de representación.
- Gubernamental: programas descentralizados de formación política y liderazgo comunitario con enfoque intercultural, transmisión de memoria histórica del movimiento y apoyo a observatorios cívicos independientes.
- Comunicaciones: productos que recuperen la historia del movimiento (documentales, podcasts, archivos orales) y formación en comunicación estratégica para activistas.
Riesgos para las OSC y las personas defensoras
- Legislativo: marcos de protección con capacidad operativa real, revisión del registro de personas defensoras en Perú y fondos públicos estables y plurianuales para las OSC.
- Gubernamental: programas de apoyo psicosocial para activistas, cooperación binacional entre organizaciones de Perú y Bolivia y redes de apoyo legal frente a la litigación de acoso.
- Comunicaciones: campañas públicas que reconozcan el rol de las personas defensoras y difusión de las organizaciones presentes en cada territorio.
Conclusiones
Uno de los hallazgos más relevantes, y que ofrece una lectura esperanzadora, es la contradicción entre lo que piensa la ciudadanía y lo que los movimientos antiderechos logran instalar como sentido común. Existe una mayoría silenciosa sin representación en el espacio discursivo, frente a una minoría organizada que sí lo ocupa y habla en su nombre. Al mismo tiempo, los discursos antigénero producen efectos concretos y medibles sobre la vida cotidiana de las personas LGBTIQ+, con mayor intensidad en las personas trans y no binarias, mientras el movimiento pierde presencia territorial y las organizaciones enfrentan precariedad financiera, hostigamiento físico e impunidad.
Frente a este escenario, el informe propone medidas institucionales, legislativas y comunicacionales para iniciar un camino de reparación histórica para las organizaciones LGBTIQ+ de Perú y Bolivia, y espera servir de guía tanto para las instituciones estatales como para las organizaciones de ambos países.
“El respaldo mayoritario de la ciudadanía a los derechos LGBTIQ+ existe en ambos países, pero permanece desorganizado y mayormente ausente del debate público. Hacerlo audible constituye una tarea pendiente que este informe espera contribuir a impulsar.”
María José Cumplido Baeza, directora ejecutiva de Fundación Iguales · Palabras iniciales
Equipo
Dirección ejecutiva: María José Cumplido Baeza. Coordinación del proyecto: Bernardo Cortés Rodríguez. Investigadora principal: Camila Parga López. Equipo de investigación asociado: Ari Jáuregui Malpartida, Fabiola Gutiérrez Arce, Mateo Rodrigo Solares y Carla Guardia Pastrana. Con el apoyo de Más Igualdad (Perú) e Igual (Bolivia). Financiado por Fondo Chile, iniciativa del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la AGCID, en conjunto con el PNUD Chile.
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